Felicitamos al gobierno por haber otorgado en condiciones competitivas las concesiones -bajo el esquema de Alianzas Público Privadas (APP) - de seis aeropuertos del sur del Perú (ver noticia aquí). La noticia nos motiva algunas reflexiones.
Primero, los retrasos en el proceso de concesiones asociados a la falta de institucionalidad del mismo. La Resolución Suprema que autorizó la concesión de los aeropuertos de nuestro país fue promulgada en setiembre de 1997. Recién en febrero de 2001 se otorgó en concesión el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). Apenas en agosto del 2006 se adjudicó la concesión del primer grupo de aeropuertos regionales. Acaba de concesionarse el segundo grupo de dichos terminales aéreos. Las demoras en el proceso, explicadas por los cambios en Proinversión y los kafkianos procesos dentro del Estado peruano más que por consideraciones políticas en este caso, representan pérdidas de bienestar que tienen un costo de oportunidad especialmente alto en el sur de nuestro país.
Segundo, la dificultad que tiene el Estado para adoptar un agresivo programa de APP (y concesiones de los pocos proyectos en que se puede atraer a un inversionista privado sin intervención pública). El factor de competencia utilizado en la concesión del segundo paquete de aeropuertos regionales, la subasta del subsidio mínimo, debería adoptarse en la medida en que sea posible. Recordemos que en la concesión del AIJCH se pidió la mayor retribución posible al Estado, obnubilado por necesidades fiscales de corto plazo tras el ciclo electoral iniciado en 1999. Además del factor de competencia correcto, reiteramos que ProInversión debería tercerizar en bancos de inversión el diseño y la ejecución del programa de concesión. ProInversión, una vez abandonado el sueño del banquero de inversión, debería ser el principal interlocutor entre el sector privado y el Estado. Un cambio de orientación de esta magnitud también requiere que el MEF cambie el perfil de quienes participan en estos procesos, de cajeros de bodega quebrada a financistas.
Tercero, las concesiones de infraestructura pública deberían ser parte de un plan de desarrollo de las zonas de influencia de los activos concesionables, que privilegie las zonas rurales. La reciente concesión de estos seis aeropuertos no se potenciará, porque los seis presidentes regionales que se elegirán en breve promoverán, en el mejor de los casos, el desarrollo de su departamento. Típicamente no trabajará con sus pares, ni el resto del Estado, ni el sector privado.
Cuarto, posiblemente la primera prioridad del Estado en una economía de mercado debería ser promover la competencia. Los reguladores de los servicios básicos son débiles y fueron debilitados aún más en este gobierno. De hecho, algunos recién están nombrando consejeros que renunciaron hace años. Una reforma que les dé autonomía del poder económico y político, evite su captura, atraiga a los mejores profesionales a sus consejos y a los mejores técnicos a las instituciones, y les permita compartir recursos con sus pares es indispensable.

La información de la SUNAT nos recuerda hoy lo mucho que aún hay por hacer para lograr que en el Perú se cumplan las normas tributarias. Este incumplimiento no solo es injusto y reduce los recursos disponibles para la labor de mejorar la calidad de vida de la población, sino que además tiende a perpetuar esta injusticia, porque hace mucho más competitivo a quien no tributa y menos competitivo a quien sí lo hace. Se alienta y fortalece la informalidad, la cual, en este caso, consiste no en evitar trabas burocráticas, sino en el incumplimiento de obligaciones básicas para con la sociedad. Factores históricos y sociales llevan a que exista una muy baja percepción de responsabilidad en cuanto a las obligaciones tributarias y cuando ésta se combina con una larga historia de relativa impunidad, el resultado es el que conocemos. Una sociedad integrada y desarrollada no puede coexistir con el grado de informalidad que persiste en nuestro país actualmente.
Entre enero y julio de este año y a nivel nacional, la SUNAT realizó más de 120 mil intervenciones de verificación de entrega de comprobantes. En un impresionante 59% de los casos no se entregaron comprobantes apropiados de pago, lo cual supone la falta de pago de impuestos. La tabla adjunta indica que el grado de incumplimiento varía entre las distintas localidades, pero es muy alto en todos los casos. Destaca que Lima tenga uno de los menores grados de incumplimiento y que casi la mitad de las localidades tengan niveles de incumplimiento mayores al 70%.
Las intervenciones de la SUNAT indican que se estarían tomando acciones en la dirección que hemos sugerido anteriormente (CD 11/09/2009): Que la SUNAT busque que contribuyan quienes evaden masivamente sus obligaciones tributarias y que no se concentre solo en recaudar más de quienes ya pagan la gran mayoría de los impuestos. Es importante notar que un número pequeño de empresas y personas pagan o recaudan la mayoría de los impuestos, por lo cual es tentador concentrar los recursos de al SUNAT en maximizar los tributos que paga este pequeño sector, en lugar de distribuir esfuerzos entre cientos de miles de pequeños potenciales contribuyentes. Sin embargo, el ampliar el alcance de los esfuerzos de la SUNAT lograría dos grandes objetivos. Primero, aumentar la recaudación significativamente debido al elevadísimo grado de incumplimiento que existe entre estos pequeños contribuyentes. La misma SUNAT estima (ver gráfico) que la recaudación del impuesto más importante, el IGV, aumentaría en aproximadamente 50% si no hubiera evasión y la evasión no se concentra en los grandes contribuyentes. Segundo, es una obligación de la SUNAT asegurar el cumplimiento de las obligaciones de todos los ciudadanos para con la sociedad independientemente de cuán relativamente fácil o difícil sea el lograr este cumplimiento.
El grado de incumplimiento tributario refleja además que la administración tributaria no debe sólo buscar mecanismos para facilitar y abaratar la formalidad (donde hay aún mucho por hacer, como lo indica el documento documento Doing Business 2010), sino que también tiene que tomar medidas para encarecer la informalidad y forzar el cumplimiento de obligaciones. El uso intensivo de fedatarios, como entendemos se está haciendo, es un paso en esta dirección, pero también es necesario que la SUNAT, con el pleno apoyo de la fuerza pública cuando sea necesario, intervenga en situaciones de evasión masiva, como los que se reportan con frecuencia respecto al contrabando en la frontera sur, para eliminar la impunidad y hacerle justicia a los productores y comerciantes honrados que compiten en condiciones de seria desventaja con quienes incumplen sus obligaciones tributarias.

La creación de un nuevo ministerio fue un tema que levantó mucha preocupación entre los medios y los analistas. Uno de los puntos que más preocupó fue el de su diseño. Después de todo, nadie se oponía a la promoción de la cultura, sino que no quedaba claro cómo se organizaría esta nueva cartera. Por ejemplo, muchos criticaron que se incluyese la aplicación del Convenio 169 de la OIT dentro de las funciones del Ministerio de la Cultura, a través de la creación de un viceministerio de interculturalidad (CD 15/07/2010).
Mientras esperamos mayores detalles con respecto a esta nueva institución, se nos ha adelantado a través de los medios que el nuevo ministro pretende impulsar una reforma del canal del Estado, para que éste se parezca más a la BBC, esta importante corporación mediática británica. Esto es, permitiendo que ingrese la inversión privada al Canal 7.
Querer aspirar a la calidad de la BBC es interesante, siendo ésta una corporación emblemática y un respetable referente, a pesar de las críticas que se le pueda hacer a una institución tan grande (como éstas, reseñadas en el documento BBC bias del Centre for Policy Studies). No solo es un ejemplo en la calidad del material que produce, sino en la calidad de los profesionales que forma. No obstante, nos tenemos que preguntar si estamos en condiciones de poder implementar estos estándares en nuestro modesto Canal 7.
Lo primero que nos debemos preguntar es si contamos con la institucionalidad necesaria. Después de todo, TV Perú tiene problemas de gestión que habría que resolver. El primer paso debería ser implementar un gobierno corporativo impecable en TV Perú, comenzando por colocar un directorio independiente compuesto de profesionales reconocidos en el medio del sector público y privado.
Lo segundo sería definir si vamos a necesitar más recursos para aplicar lo que el ministro propone y de dónde saldría el dinero para ello. Si se trata de recursos que se redireccionarían, habría que evaluar si amerita que otras partidas los pierdan. Si se trata de recursos nuevos, tendríamos que tener en claro por qué ese dinero se usaría en promover la cultura a través de un canal de televisión.
La existencia de un canal de televisión del Estado descansa en el supuesto de que la cultura es un bien público. Esto en el sentido en el que hoy en día no se puede excluir a quien consume el producto cultural que se emite por la televisión de señal abierta. Además, existen fuertes externalidades positivas (beneficios que son percibidos por alguien más que no es el que los genera) a la emisión de programas culturales, independientemente de si son rentables a nivel privado. Es decir, muchos peruanos podrían tener acceso a información que no habrían podido conocer si no existiese el canal en cuestión.
Lo tercero tendría que ver con la naturaleza de los proyectos que se financiarían, tanto dentro del Canal 7 como en general como parte de una política cultural que aún está por definirse. Dentro de la categoría de “programas culturales” se puede terminar promoviendo proyectos que no sean realmente lo que queremos promover. En ese sentido tienen que estar bastante claro desde ahora los criterios bajo los cuales se definiría qué proyectos tendrían prioridad. En esto nuevamente sería útil contar con un directorio independiente como el descrito.
Contar con un canal del Estado moderno podría ser una herramienta útil en la promoción de la cultura. No obstante, su reforma debe ser hecha con cuidado.

El tema del salario mínimo despierta siempre fuertes emociones y opiniones encontradas, lo cual hace difícil discutirlo de manera conceptual y técnica. No obstante -y dada la intención del MTPE de presentar una nueva metodología para calcular la remuneración mínima vital (RMV)- intentaremos discutir brevemente algunos puntos saltantes.
En teoría, en un mercado eficiente la remuneración de un trabajador será determinada por cuán productivo es (”productividad marginal” en términos económicos), y cualquier intento de aumentar esta remuneración (mediante un salario mínimo, por ejemplo) por encima del nivel alcanzado en este mercado eficiente llevaría a que se reduzca el empleo, pues los empleadores no contratarían a los trabajadores que tuvieran una productividad menor a esta remuneración. Por ello, debe quedar claro que el establecimiento de una remuneración mínima legal supone por lo menos una de dos cosas: Primero, que se juzga que en el mercado laboral existen imperfecciones que llevan a que la negociación salarial entre trabajadores y empleadores no resulta en remuneraciones acordes con la productividad y que fijar una remuneración mínima beneficia a los trabajadores. Segundo, que la sociedad ha decidido que el trabajo debe tener una compensación mínima, independientemente de su productividad, y que está dispuesta a pagar el costo económico y social de menor empleo a cambio de que los que tengan la suerte de estar empleados tengan una mayor remuneración.
En la práctica, en el Perú la lógica del salario mínimo se ha justificado usando el segundo argumento, aunque siempre hay resistencia a aceptar el hecho incuestionable y medido de que un salario mínimo deja sin empleo a los trabajadores menos productivos (que usualmente son los más jóvenes y menos educados). Muchos estudios, tanto locales como internacionales, han constatado este efecto, tal como se puede ver en el documento Efectos del salario mínimo en el mercado laboral peruano del BCR. Por supuesto, este efecto resulta importante solo si la RMV es elevada en relación a la productividad de los trabajadores menos calificados. Una RMV baja tendría poco efecto sobre el empleo, pero una elevada lo reduciría significativamente. Vale resaltar además que la RMV solo tiene efecto sobre el empleo formal, usualmente el de mejor calidad, y que elevarla aumenta la informalidad, como también lo demuestran los estudios al respecto.
Por el otro lado, si en términos teóricos la preocupación fuese las imperfecciones del mercado laboral, lo correcto sería establecer salarios mínimos acordes con la productividad en cada uno de los mercados laborales que tuvieran estos problemas. Pero la inmensa variedad de niveles de productividad en las diferentes actividades y empresas (así como la dificultad para calcularlos todos ellos con precisión) hace en la práctica inviable que se fijen salarios mínimos eficientes que compensen las ineficiencias supuestas en estos mercados. Además, si se optase por fijar un número limitado de salarios mínimos -por ejemplo, tratando de promediar las condiciones de productividad de algunas actividades principales- no solo se crearían niveles de remuneraciones arbitrarios e ineficientes, sino que la fijación de los mismos sería políticamente aún más caótica que la ya conflictiva realidad de fijar una sola remuneración mínima. Los beneficiarios serían los que tienen apoyo político y conexiones y no los más necesitados.
Dada la realidad política actual, probablemente lo mejor es buscar cierto nivel de estabilidad relativa en la RMV (quizás con ajustes periódicos por productividad media), ya que el riesgo principal es que la RMV sea alterada de manera significativa e impredecible. Este riesgo, junto con las limitaciones que existen para reducir personal en las empresas formales, llevaría a un elevado nivel de incertidumbre respecto a la contratación de trabajadores, lo cual reduciría aún más el empleo formal.

Durante la ceremonia de promulgación de la Ley de protección y defensa del consumidor, el presidente comentó que sería una norma que ayudará a que cualquier peruano, independientemente de su condición social, sienta que se encuentra protegido ante cualquier abuso o arbitrariedad. Pero además anunció que garantiza el derecho fundamental de los consumidores de estar informados de tal manera que tomen una decisión adecuada cuando compren un bien o servicio.
Por un lado hay que cuestionar el mensaje con el que se ha pretendido apoyar esta norma, el que ahora que ha sido promulgada los consumidores se podrán sentir protegidos ante cualquier abuso o arbitrariedad. Hay que tener claro que con este texto se busca solucionar los problemas que podrían surgir entre una empresa y un consumidor, no más. Incluso para atender los problemas que surgen de que una empresa tenga posición dominante porque es monopolio ya existe legislación específica que es la que se aplicaría.
Por otro lado los gestores de este proyecto han fallado en reconocer que distintos productos entregados en distintos momentos constituyen productos distintos. Por ejemplo, lo que un consumidor compra cuando quiere ir de Lima a Cusco en avión es distinto dependiendo de la fecha en la que lo compra. En ese sentido, no se entiende que ese servicio es distinto en temporada alta que en temporada baja. En temporada alta (navidad, Semana Santa, etc.) más gente quiere viajar y tienen que encarar una oferta que es siempre la misma. La cantidad de gente que puede transportar una aerolínea es siempre la misma, independientemente del día del año -tiene un número limitado de aviones, dentro de cada uno de los cuales entra un número limitado de pasajeros-. Eso lleva a que en esas fechas de temporada alta los consumidores se enfrenten a un producto escaso. Y por leyes fundamentales de la economía y por fuerzas de mercado básicas, cuando un bien o un servicio es más escaso, cuesta más, porque no alcanza para todos si fuese más barato.
Como lo explica Rolando Arellano en el comentario El código vinci, no reconocer la diferencia de las condiciones en temporada alta y baja es tan errado como exigirle a un campesino que cobre igual por todas sus naranjas, independientemente de su tamaño o especie. Y como Arellano especifica correctamente, si no se corrige esto, todos saldremos perdiendo, pues las aerolíneas no tendrán otra alternativa que cobrar siempre el precio de la temporada alta.
No obstante, discrepamos con Arellano en que haya alguna clase de justificación para esta medida. Si nos molesta que las tarifas en promedio hayan aumentado recientemente y que creemos que eso se debe al dominio de una empresa en el mercado (aunque, como se puede ver en el gráfico, el incremento en la tarifa se podría explicar en buena medida por un incremento en el precio del petróleo), deberíamos preocuparnos por dos cosas. Primero, asegurar que se cumplan las regulaciones que tiene Indecopi al respecto. Segundo, promover mayor competencia y facilitar que otra aerolínea entre a competir al mercado peruano.
Al final lo que han puesto sobre la mesa es una norma que perjudica a los consumidores mismos, los cuales ya no podrán viajar en temporada baja a precios bajos, ya no podrán acceder a ofertas especiales (pues la aerolínea ya no tiene forma de saber que un consumidor viajará efectivamente el día que dice que viajará, pues el código obliga a permitirle viajar cuando quiera), etc. Así como éste hay otras joyas en esta nueva norma que terminarán perjudicando a los consumidores y que sería conveniente que se cambien.