Comentario Diario

22 de junio del 2009.

Pese a que la ley en el Perú sanciona con cárcel a las personas que bloquean carreteras y cometen actos vandálicos, estos delitos siguen cometiéndose con frecuencia en el país. Habría un problema con respecto a la identificación de los implicados. (El Comercio, 20/06/2009)

En Cusco, unos comuneros en acto de protesta le han prendido fuego a un puente, a pesar de que ya han recibido respuesta por parte del Ejecutivo. Por otro lado, los trabajadores de Doe Run ya han iniciado una protesta ante la decisión de la empresa de suspender las labores. Se suman así dos protestas más a la cargada escena política. De esta manera se bloquean efectivamente proyectos de inversión o se paralizan operaciones que crean puestos de trabajo y generan divisas para el país. Por lo tanto, se hace cada vez menos viable y más incierto la instalación de operaciones que exploten de manera sostenible y responsable los recursos que pueda ofrecer el país, desde el turismo hasta la industria forestal.
Según el documento The case for government reform now de la consultora McKinsey, conforme un Estado vaya avanzando en las reformas que requiere un país para poder ser cada vez más competitivo, la población se hará más exigente y demandará mayor eficiencia y más servicios. En ese sentido, no es suficiente emitir decretos o normas, sino que hace falta acompañarlas con mayores niveles de calidad de ejecución en los distintos niveles de Gobierno. Así, se pide mayor eficiencia en la garantía de la seguridad y sanciones duras para los que fomentan estas protestas, como se sugiere en el texto Estación desastre del Instituto Acción.
En el caso peruano, y como consecuencia de la modificación de tres artículos del Código Penal, el delito de bloquear carreteras se sanciona con hasta 20 años de pena privativa de la libertad, sanción que ya es bastante dura. Lo que necesitamos, sin embargo, es que se aplique. De esa manera, requerimos un Ministerio Público, un Poder Judicial y una Policía Nacional más eficientes que la puedan hacer cumplir. Además, se tiene que hacer un trabajo fuerte de difusión y comunicación con la población, buscando que todos entiendan las verdaderas dimensiones de los problemas y, en todo caso, ante quiénes tienen que protestar. De esa manera no serían víctimas de la manipulación política. No obstante, no debemos dejar de lado que si se hubiese actuado de manera impecable por el lado del Gobierno, se podría exigir que se aplique todo el peso de la ley con los agitadores. Sin embargo, el mismo Estado y la opinión pública están reconociendo que se debió haber obrado de manera distinta con respecto a la protesta en la Amazonía peruana.