Todos pagamos el “potenciamiento” de Petroperú

Uno de los pocos temas en los que la política económica del gobierno actual se distingue significativamente de las políticas seguidas en las dos décadas pasadas es la intención de potenciar y expandir la actividad de algunas grandes empresas estatales, especialmente, Petroperú.

Ya antes hemos comentado respecto a las justificadas y serias preocupaciones que despierta el cambio en la política estatal respecto a Petroperú (ver IPEopinión) y que estas preocupaciones no son ideológicas sino prácticas. En esta oportunidad quisiéramos tratar un tema específico: ¿Quién pagará el costo de la expansión de Petroperú?

En los primeros meses del gobierno, el Presidente de Petroperú anunció que la empresa estatal ampliaría sus actividades a la explotación de petróleo, pero que esto se realizaría tomando una participación en la explotación de lotes que ya se encuentran en producción y cuyas concesiones, al vencer su plazo, estaban próximas a revertir al Estado. Según el Presidente de Petroperú, esto se hacía para reducir los sustanciales riesgos que representa el negocio petrolero: sólo se participaría en la explotación de campos conocidos y en asociación con operadores también reconocidos. Anunció que, siguiendo el mismo principio de limitar riesgos, Petroperú no participaría en el muy riesgoso –y costoso- negocio de exploración petrolera.

Recientemente, la postura del gobierno ha variado, según lo anunciado por el presidente Humala en su discurso del 28 de julio y según declaraciones a los medios de la nueva Presidenta de PerúPetro. Aparentemente el cambio de postura del gobierno se ha reflejado en la confusión originada en la dirección de PerúPetro, la empresa encargada de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. El Presidente de PerúPetro renunció el 26 de julio y su re-emplazo fue nombrado de inmediato, pero sólo dos días después renunció también y se nombró a la actual Presidenta.

El hecho es que se ha anunciado que Petroperú participará también de la muy riesgosa –y costosa –actividad de exploración petrolera. Según declaró la flamante Presidenta de PerúPetro, esto se lograría sin que Petroperú asuma ningún riesgo. La fórmula mágica para lograr esto, según ella misma, es la que se explica a continuación.

Las subastas por las concesiones para exploración petrolera, las ganaba la empresa que ofreciera la más alta regalía al Estado y cumpliera con un  plan de exploraciones adecuado. El cambio anunciado es que ahora ganar la subasta dependerá de un nuevo factor: el porcentaje de participación que se ofrezca a Petroperú. Según explicó Rosa Ortiz Ríos, Petroperú no daría nada a cambio de esta participación, por lo cual no correría ningún riesgo. Petroperú sólo aportaría dinero a esta “sociedad” si la exploración resultara exitosa y se tuviera que invertir para extraer el petróleo ya descubierto. Petroperú sólo apostaría sobre seguro.

Para cualquier lector deber resultar sospechoso que a Petroperú alguien le pudiera ofrecer semejante negociazo sin que le cueste al Perú. Y sus sospechas son justificadas. Las regalías que las empresas de hidrocarburos pagan al Estado son equivalentes a un porcentaje de la producción de petróleo (o gas) (ver gráfico). Si en lugar de competir ofreciendo sólo regalías tienen que ofrecer también un porcentaje de participación a Petroperú, todo lo que le ofrezcan se descontará de las regalías ofrecidas al Estado. Así, Petroperú será financiada directa e íntegramente con las regalías que no recibirá el Estado peruano debido a la participación forzosa de Petroperú en las concesiones.

La expansión de Petroperú la pagarán los peruanos a los que el Estado no podrá atender porque sus recursos han sido desviados a una aventura empresarial. Aventura que, además, constituye un lastre para el desarrollo de los hidrocarburos y del Perú.