Los costos del crimen en Uruguay (Aboal, Campanella y Lanzilotta, 2013)

Martes 11 Febrero, 2014

Por: Victor Fuentes  vfuentes@ipe.org.pe

El denominador común que diariamente exponen los medios de comunicación es la inseguridad ciudadana. Un estudio de El Comercio e Ipsos reveló que el 89% de los peruanos se siente inseguro en las calles y el 51% incluso en sus hogares. Estos resultados no se limitan a la percepción de la inseguridad puesto que los delitos registrados por la PNP se han incrementado en 66% entre los años 2005 y 2012, hasta un total de 254,405 casos; sin contar los cuantiosos casos que no son reportados. Por lo tanto, resulta relevante analizar cuáles son los costos que genera el crimen en el país; sin embargo, al no contar dicha herramienta para el Perú, “Los costos del crimen en Uruguay” podría permitir generar discusión entorno a un costo aproximado de 3.1% del PBI en el año 2010.

Los autores emplearon el método de contabilidad de costos que consiste en la suma de los diferentes elementos que componen el costo total de la delincuencia, como el gasto público y privado en la prevención del crimen y en su castigo, los costos de salud para las víctimas y los costos de oportunidad. Asimismo, se basaron en el modelo propuesto Soares (2009) que considera (i) los costos de la seguridad y prevención del delito, (ii) de justicia, reclusión y rehabilitación de reclusos, (iii) costos de bienes robados, (iv) costos de salud y por pérdida de vidas a consecuencia de la violencia, y (v) costos asociados a la pérdida de tiempo productivo en prisión de los reclusos.

En el cálculo de los componentes del costo total se emplearon diversas metodologías y fuentes de información. No obstante, los resultados obtenidos son robustos y coherentes con estimaciones similares realizadas previamente en Brasil y México. Por otro lado, dados los problemas de subestimación real de los delitos (no todos los delitos se denuncian en una comisaría), se emplearon datos provenientes de encuestas sobre la percepciones de la ciudadanía para complementar dicha información.

Entre las principales limitaciones que presenta la investigación se pueden mencionar tres. En primer lugar, el modelo empleado es estático, es decir, que el ejercicio es realizado solo para un año específico y por lo tanto no se cuantifican posibles efectos dinámicos. En segundo lugar, no considera los costos relacionados con un menor nivel de inversión o producción. En tercer lugar, no se contabilizan los costos intangibles que están relacionados con cambios en el comportamiento de las personas a consecuencia de la criminalidad, como por ejemplo dejar de realizar actividades nocturnas por miedo a ser víctima de asalto.

Los resultados mostraron que para el 2010 el crimen y la violencia significó un costo de 3.1% del PBI para Uruguay, siendo el gasto de anticipación al crimen (gasto privado en seguridad, costos administrativos de empresas de seguros y gasto público en seguridad en prevención) el más importante (1.9% del PBI). Por otro lado, los gastos a consecuencia del crimen (propiedad robada, costo de oportunidad en prisión, homicidios, etc.) representa el 0.81%. Por último, el gasto como respuesta el crimen (gasto público en justicia, reclusión y rehabilitación y el gasto privado en ayuda penal legal) significó el 0.37% de PBI.

Claramente el crimen y la violencia significan un alto costo para la sociedad tanto en Uruguay como en Perú. Así, a pesar de las limitaciones que presenta la investigación, el resultado nos permite preguntarnos cuán alto sería el valor de un cálculo para el caso peruano. La elaboración de un estudio aplicado al Perú podría brindar una luz para que las políticas públicas dirijan sus esfuerzos en favor del bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos.

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