¿Ya revisaron nuestro estudio sobre el costo de no aprovechar la minería?

Miércoles 15 Julio, 2015

Estudio Costos MineríaLa reciente publicación “El costo económico de la no ejecución de proyectos mineros” ha suscitado una serie de comentarios y contribuido al debate de un tema que es fundamental para la política económica del Perú. El Ministro del Ambiente ha comentado el documento, por ejemplo.

El objetivo del estudio fue estimar el costo económico de proyectos mineros detenidos o retrasados. La clasificación de los proyectos según su situación de demora (ya sea por factores externos o internos a la empresa) es un reto que se enfrenta al hacer este tipo de estimaciones, por lo que se ha usado información oficial de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El estudio estima el costo económico de la paralización y retraso de los proyectos mineros que figuran en la Cartera de Proyectos Mineros de 2010 y 2014, publicada por el MINEM. Se estudia el costo de los proyectos retrasados por decisiones ajenas a la empresa.

El costo económico de la no ejecución de proyectos mineros es altísimo y no podemos darnos el lujo de no aprovechar estos recursos. En este sentido, proyectos mineros como Pucamarca e Inmaculada, que efectivamente están en explotación, fueron incluidos en el cálculo debido a que se retrasaron y presentaron conflictos con las poblaciones aledañas. Dicho esto, Pucamarca debió iniciar producción en el 2011, de acuerdo la Cartera de Proyectos 2010, pero empezó la producción en el 2013. Del mismo modo, Inmaculada debió iniciarse en 2013, sin embargo, lo hizo en 2015. Estos proyectos se incluyen en el cálculo porque como claramente se menciona en el estudio, se incluyen proyectos paralizados y retrasados.

Por otro lado, se ha mencionado que proyectos como Quellaveco y Toquepala no han debido ser incluidos en el cálculo, pues se sostiene que no se habrían ejecutado por decisiones de la empresa. En el caso de Quellaveco, según los Reportes de Conflictos Sociales publicados por la Defensoría del Pueblo, se registró un conflicto social activo asociado a este proyecto minero entre mayo de 2007 y junio de 2012, conflicto que retrasó el proyecto.  Posteriormente, en el 2013 la empresa suspende el proyecto hasta el 2015 y luego hasta el 2019, por estrategia de reordenamiento de la cartera de inversiones de la empresa.

En el caso de Toquepala, se registra un conflicto activo entre setiembre de 2011 hasta la fecha,  lo cual retrasó el cronograma de inversiones de la empresa. Desde la acreditación de la primera mesa de diálogo en noviembre de 2011, pasaron más de 3 años hasta la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en diciembre de 2014. El detalle sobre otros proyectos que han sido comentados se puede encontrar en el documento adjunto (ver anexo).

Cabe señalar que existen diversos factores que, además de los mencionados, explican la decisión de inversión; sin embargo, en los 15 proyectos identificados se encontró algún grado de conflictividad social o de retrasos burocráticos.

Hemos estimado los costos económicos para el país de los retrasos en estos 15 proyectos. Pero, los costos estimados son a una fecha, el 2014. Cada año que pasa aumentan enormemente los costos para todos los peruanos; aún si no se consideran algunos de estos proyectos, los costos seguirían siendo enormes. Es tiempo de encontrar la manera de ponernos de acuerdo sobre cómo explotar estos recursos para el beneficio de la nación.

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