Evaluación económica del primer año de Humala

Por:  Miguel Palomino y Cinthya Pastor  migpalomino@ipe.org.pe / cpastor@ipe.org.pe

A sólo un año de tomar el mando, el futuro del gobierno del Presidente Humala es aún bastante incierto, pero se van dibujando lo que serían los grandes lineamientos de políticas. Los mayores temores en relación a un posible salto ideológico al vacío se han superado y el manejo de la política económica durante este tiempo ha resultado una sorpresa favorable.

Desde el punto de vista macroeconómico, el gobierno ha mantenido la estabilidad a través de la disciplina fiscal y monetaria. En el primer ámbito, se ha sido prudente en el gasto.

Para los próximos años del gobierno de Humala, se espera un resultado económico estructural con una trayectoria progresiva hacia el equilibrio fiscal (véase gráfico 1) y un impulso fiscal con un sesgo ligeramente negativo o neutro en un contexto en el que la economía crece en torno a su nivel potencial (véase gráfico 2). Otro avance importante es el cambio que se prepara en la legislación para que las reglas de equilibrio fiscal se fijen en función al resultado fiscal estructural, una medida sobre la cual existía consenso entre los economistas pero que ningún gobierno se animó a implementar antes. La política monetaria, por su parte, continúa por un buen camino gracias a que se ha mantenido la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) al ratificar al actual Presidente y al nombrar técnicos competentes al Directorio, aunque preocupa que aún no se complete este colegiado con las designaciones correspondientes al Legislativo. De esta manera, hoy el BCRP cuenta con un alto grado de aprobación y es uno de los pilares de la competitividad del país.

Con respecto a la política social, la cual fue prioridad durante la campaña presidencial de Humala, los avances hasta la fecha parecen ser mayores que en anteriores gobiernos. Se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), señal de la intención del gobierno de establecer políticas sociales de largo plazo. Si bien muchos consideraban innecesaria su creación, lo que no se puede negar es el esfuerzo del gobierno por incrementar el apoyo social, llegando a personas que hasta la fecha no han recibido ayuda. El MIDIS ha iniciado una mejora del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y además tiene la tarea de evaluar los programas sociales para que sean más efectivos y usen mejor sus recursos. Además, el gobierno cerró el PRONAA, programa social que era instrumento favorito del clientelismo político, lo que hubiera sido impensable en otros gobiernos. Sin embargo, estos esfuerzos no encajan muy bien con las ideas originales de algunos programas sociales que fueron parte de las promesas electorales, éstos han sido en general sustancialmente reformulados, comenzando por una mejor focalización.

En relación a la inversión privada, Humala ha sostenido que no se alterarán las reglas básicas de funcionamiento de la economía y que se respetarán los acuerdos y tratados. A nivel internacional, se ha mantenido la agenda de apertura comercial e incluso el mismo presidente ha viajado al exterior para promover mayores vínculos con Europa y Asia. A nivel nacional, a pesar de que miembros del mismo partido del Presidente han propuesto medidas contrarias al interés nacional – por mercantilistas o populistas o miembros de su propio partido, en general se han mantenido los principios básicos del libre mercado.

El tema tributario también presenta avances. Destaca la reforma en la tributación minera ya que el nuevo esquema de contribución fiscal de este sector es más eficiente y resulta en una mejor distribución del riesgo que favorece la inversión minera y, a la vez, aumenta los ingresos fiscales esperados (véase gráfico 3). Lamentablemente, pese a las facultades legislativas en materia tributaria que se obtuvieron del Congreso, no se han dado ni se esperan cambios importantes en los temas fundamentales en lo que respecta a ampliar la cobertura tributaria, reducir las exoneraciones y lograr mayor neutralidad fiscal. Los cambios se han centrado en fortalecer a la SUNAT, lo cual puede favorecer la recaudación pero implica un riesgo de abuso de autoridad al cual el país es especialmente sensible por experiencias pasadas.

Con respecto a otras reformas, se ha presentado al Congreso un proyecto de Ley para reformar las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y se ha aprobado la reforma del Sistema Privado de Pensiones, la cual, aunque incompleta, introduce diversas mejoras en el SPP. Ambas reformas eran necesarias hace años pero habían sido evitadas por los gobiernos anteriores. Además, se ha iniciado el proceso de aumentar los reducidos montos máximos de remuneraciones para el personal calificado en el sector público, problema serio que es herencia del segundo gobierno de Alan García.

Por el lado negativo, quizás el problema más importante es el de manejo de los conflictos sociales. El conflicto por el Proyecto Conga entre parte importante de la población de Cajamarca y la minera Yanacocha es el más preocupante. El gobierno ha realizado diversos esfuerzos fallidos por resolverlos, pero ya han transcurrido ocho meses desde el inicio de la huelga indefinida contra el proyecto. Estas mayores demoras y costos pueden tener un impacto negativo sustancial sobre las perspectivas de inversión minera y, por ello, sobre las perspectivas de crecimiento económico del país y de las regiones mineras en particular. Igualmente, no se han logrado avances en materia de seguridad ciudadana y contra la corrupción, problemas serios que aquejan a toda la población.

En cuanto a los riesgos, quizás el más grave es que, ante la adversidad, el gobierno ceda gradualmente a las tentaciones del populismo. Este riesgo es mayor dada la inclinación que tienen muchos de sus tradicionales aliados en este sentido.  Muchos de sus actuales adversarios son quienes lo apoyaron durante la campaña electoral y existe siempre la tentación de recuperar este apoyo alterando la actual línea política del gobierno.

No se debe dejar de mencionar que, a cuatro días de cumplir su primer año de gobierno, Humala renovó parcialmente la cartera de ministros, contando hasta la fecha con tres primer ministros en menos de un año en el poder. Este tercer gabinete se compone de independientes y solo cuenta con un militante del partido de Humala y con un par de buenos tecnócratas. Este equipo se ha mostrado más abierto al diálogo en comparación con el anterior donde no había consenso y el ex premier Oscar Valdés había ido perdiendo autoridad al interior. Se espera que Juan Jiménez, el nuevo premier, tenga mayor presencia política, y que pueda construir  alianzas con los presidentes regionales para que, de esta manera, se pueda cambiar la manera de afrontar los conflictos sociales –comenzando por Conga- dando más fuerza al dialogo pero haciendo respetar la autoridad.

Este breve análisis permite concluir que el balance es positivo, cuando se le compara con lo acontecido en los dos anteriores gobiernos. La confianza generada por Humala, los esfuerzos para mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, y el énfasis en las políticas sociales dominan el balance. Sin embargo, los puntos en contra no son irrelevantes puesto que los conflictos sociales, las presiones políticas de su entorno, la falta de medidas en temas de corrupción y seguridad nacional, y el desgaste de la imagen del gobierno pueden generar inestabilidad y afectar el desempeño económico. Todo eso está por verse y lo deseable, y posible, es que los éxitos limitados y la perseverancia permitan avances cada vez mayores que vayan fortaleciendo la actual dirección y la confianza del gobierno (pese a la caída gradual que se registra en su aprobación desde abril, véase gráfico 4) conforme la ciudadanía juzgue sus resultados.