La iniciativa de integración económica lanzada por el Perú, la Alianza del Pacífico (ADP), tiene grandes perspectivas de éxito porque se distingue de manera muy importante de otros acuerdos de integración de la región, cuyos pobres resultados todos conocemos.
La Alianza del Pacífico está conformada por Perú Chile, Colombia y México, países que, para comenzar, comparten lineamientos esenciales de política económica y principios democráticos (ver cuadro 1).
El gobierno vendió la reforma del servicio civil como “LA” reforma que se haría en este quinquenio. Fue textualmente lo que se dijo, por ejemplo, en la reunión anual del IPE de agosto del año pasado. Nadie niega que contar con verdaderos “servidores públicos” es una condición indispensable para que nuestro Estado sea funcional y contribuya como debe al desarrollo nacional. Elaborar una propuesta de reforma ha costado mucho trabajo. Como lo indicó la Ministra de Trabajo en unas declaraciones a TV Perú, SERVIR actuó como Secretaría Técnica de un esfuerzo en que se consultó a expertos nacionales e internacionales, se redactó el Proyecto de Ley del Servicio Civil con la participación de técnicos del MEF, MTPE, PCM y SERVIR, y se escuchó la opinión de algunos representantes sindicales.
Según los doce pilares del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, la mayor fortaleza competitiva del Perú es nuestro Entorno Macroeconómico, en el cual ocupamos el puesto 21 entre 144 países. Nuestro segundo pilar más competitivo es el Desarrollo del Mercado Financiero, en el cual ocupamos el puesto 45 a nivel global.
El domingo pasado, el programa Panorama transmitió un reportaje sobre una modalidad de préstamos denominado el “gota a gota”. El reportaje retrató una actividad que, lamentablemente, vive de la falta de información adecuada al consumidor y de la falta de mejores opciones de financiamiento: créditos “al toque”, sin necesidad de garantía, lo único que debe saber el prestatario es que se le presta el dinero y lo debe repagar “con una tasa de interés mensual de 10%” en 24 cuotas diarias iguales, con una semana de gracia. A simple vista, para la mayoría de las personas, esto no parece algo tan malo e incluso aparece como una buena opción para ciertas situaciones apremiantes. Sin embargo, pocos prestatarios saben que la tasa de costo efectivo anual (TCEA) de este préstamo es de 564%.
No cabe duda de que las siete medidas económicas que anunció el Presidente Humala para que la inversión privada se acelere han suscitado diversas reacciones. Hay puntos de vista diferentes respecto a qué tan relevantes son las medidas y qué impacto tendrán, lo que podría diluir su impacto en la confianza en algún grado. Hasta en un mismo diario: el editorial de El Comercio, “Medidas que prometen”, tiene un tono diferente al artículo de la sección de política “Aseguran que medidas del Ejecutivo son oportunas, pero insuficientes” o el recuadro firmado por el Editor central de Economía publicado en la misma página, “No más improvisación”.
Como sabemos, la insuficiente cantidad y pobre calidad de la infraestructura básica son dos de nuestras principales desventajas competitivas. En calidad de infraestructura, estamos en el puesto 111 de 144 países, según el Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial (ver gráfico). Especialmente en un país que tiene una geografía como la nuestra, esta inadecuada infraestructura no solo excluye a quienes más quisiéramos que se integren, sino compromete de manera terrible su bienestar.
Recientemente los medios han cubierto la discusión respecto a la desaceleración del crecimiento económico. Como es usual en estos temas, reciben más cobertura quienes hacen afirmaciones más temerarias porque generan mejores titulares. Los análisis más sensatos tienden a ser más aburridos y atraen menos atención, pero no por ello dejan de ser mejores y más confiables.
Discutir las falencias del Proyecto de Ley de Insolvencia Familiar (PLIS) –proyecto 2037/2012– presenta un reto formidable: ¿por donde empezar? Pocas veces se encuentra uno con un proyecto de ley tan cargado de propuestas absurdas, efectos negativos sobre los supuestos beneficiarios, verdaderos beneficiarios ocultos y falsedades comprobables. Este proyecto reduciría significativamente el bienestar de millones de peruanos, incluyendo a los más de 4 millones que en la última década han accedido al crédito al que antes no tuvieron acceso (ver gráficos). Dada la limitación de espacio, nos limitaremos a presentar algunos de los puntos más saltantes del PLIS.
Un tema crucial pero, como muchos similares, rara vez discutido con seriedad, fue puesto recientemente en la palestra por dos tecnócratas: el Ministro de Agricultura Milton Von Hesse (ver) y Héctor Malarín, Director del Área de Agricultura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, ver). Ambos proponen instrumentos de intervención en el agro radicalmente distintos a los (más) utilizados en nuestro país.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños Niñas y Adolescentes, más conocida como la Ley de la Comida Chatarra, ha generado un amplio debate. Que la Ley tenga un respaldo relativamente amplio, pese a sus claras limitaciones y errores, demuestra que el buen marketing funciona también para inducir al Congreso y a otros adultos a aprobar leyes sin sentido.
El primer paso para lograr la aprobación de esta ley fue ponerle un nombre adecuado. ¿Alguien se puede oponer a la alimentación saludable de los niños? Segundo, se establece una relación causal plausible pero falsa entre la “comida chatarra” y la obesidad, sin siquiera tener que pasar por el complicado proceso de definir qué exactamente es la comida chatarra y explicar por qué es la causa de la obesidad.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció que poco más de medio millón de peruanos salieron de la pobreza el año pasado y, lo cual es quizás aún más importante, más de la mitad de los mismos vive en las zonas rurales. Hay una descripción muy amplia y detallada de esta información en una nota de prensa (ver), una presentación (ver) y un informe técnico (ver) del INEI.
El debate público en torno a la posible adquisición por parte del Estado de los activos de Repsol en el Perú ha girado en torno a varios temas. En primer lugar, el gobierno tiene prioridades mucho más importantes que administrar grifos o nuevas refinerías. En segundo lugar, el Estado no tendría por qué realizar actividad empresarial en un sector en el que existen inversionistas privados que compiten entre si y mucho menos si eso llevaría a que el Estado (que ya es dueño de la otra refinería del país) tuviera una posición monopólica en la refinación local. En tercer lugar, Petroperú no se encuentre en posición de operar eficientemente los activos de Repsol en el Perú ni debe asumir los riesgos asociados a dicha operación.
