La deuda externa pública consiste en las obligaciones de pago futuro adquiridas por el Estado con entidades extranjeras (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional u otro agente). Diversos economistas sostienen que es mejor endeudarse antes de perder liquidez porque la sociedad valora más el consumo hoy; en vez del consumo postergado hacia el futuro de pagarse la deuda externa hoy. Además los países en desarrollo y con buenas perspectivas de crecimiento (como el Perú), prefieren invertir hoy; endeudarse para desarrollarse y en el futuro pagar su deuda. Si este endeudamiento se utiliza para financiar la inversión, es más favorable para el crecimiento económico. Sin embargo, los problemas surgen cuando un país alcanza un nivel de sobreendeudamiento; es decir, cuando la deuda sobrepasa la capacidad de reembolso. En esta situación los rendimientos de la inversión se destinan al pago de la deuda en lugar de destinarlos a actividades o proyectos que generen desarrollo. Igualmente, se dejan de hacer reformas estructurales, destinándose la mayor parte de los beneficios a pagar las obligaciones adquiridas. También se genera incertidumbre sobre las acciones que tomará el gobierno. Por otro lado, un aumento desmedido de deuda también incrementa el déficit fiscal, reduce los ahorros; generando aumentos en las tasas de interés, encareciendo el crédito privado, generando posibles situaciones de alta inflación y crecimiento de los niveles de pobreza.
En el Perú los niveles de deuda externa vienen reduciéndose y mejorando sus condiciones en los últimos años. Así, en los últimos trece años la deuda pública externa se ha reducido a la cuarta parte, habiendo pasado de 36.4% del PBI en el 2000 a 9.5% del PBI en el 2012. Este nivel ha colocado al Perú como el tercer país en el mundo con menor deuda pública como porcentaje de su PBI. Igualmente, la vida útil de la deuda (tiempo en el cual se tiene desembolsar las amortizaciones) ha aumentado de 8.5 años en el 2001 a 11.5 años en el 2012, lo que resulta importante porque las obligaciones en cada año son menores y se dispone de más tiempo para cumplir con los pagos. También se ha dado una reducción de las tasas de interés a las que se adquieren las obligaciones, lo cual genera que se abaraten los costos de inversión. Por ejemplo, en el año 2002 la tasa de colocación de un bono soberano más alta fue 9.5%, mientras que en el año 2012 fue 5.4%. Cabe resaltar que los países reflejan más confianza cuando la vida media de su deuda es más prolongada y cuando las tasas de interés a las que se endeuda son más bajas.
En términos generales, el ingreso de los hogares se puede distribuir entre consumo y ahorro. Sin embargo, el incremento proporcional del consumo con respecto a los ingresos no significa necesariamente crecimiento económico debido a que los hogares, luego de satisfacer su consumo, no alcanzan a ahorrar ni a generar valor. El ahorro permite invertir en el futuro o sobrellevar posibles situaciones adversas. Por lo tanto, resulta importante verificar que la proporción de hogares que ahorra, sea cada vez mayor, porque ello significaría que un mayor número de familias alcance niveles adecuados de consumo y, adicionalmente, desarrolle la capacidad de invertir en activos futuros y/o pueda sobrellevar épocas económicas difíciles.
En el siguiente gráfico, se presenta información recolectada por el INEI sobre la relación entre el número de hogares que lograron ahorrar en el año 2012 respecto a los que lo hicieron en el 2004. De esta manera, es posible apreciar que en todos los departamentos el ahorro ha aumentado, y en promedio el incremento resulta 2.7 veces. Es importante destacar que en Loreto, Piura, Cajamarca y Lambayeque las familias que ahorran se han más que multiplicado 5 veces. Finalmente, en La Libertad, Madre de Dios y Huánuco apenas se han mantenido los niveles previos.
Mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en tugurios es uno de los objetivos del milenio. Esto se refiere a los asentamientos contiguos donde los habitantes se caracterizan por tener vivienda y servicios básicos inadecuados. Para determinar objetivamente lo que se considera inadecuado, se establecieron cuatro dimensiones: la durabilidad de la vivienda, el hacinamiento, el acceso a mejores servicios de agua potable y la disponibilidad de saneamiento. En rigor, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) reconoció inicialmente cinco dimensiones; sin embargo, la dimensión “seguridad de la tenencia” fue dejada del lado por falta de información específica y dada la gran variedad de tenencias en el mundo.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el porcentaje de individuos que habita en tugurios se redujo en 7.6 puntos porcentuales a nivel nacional urbano entre el 2001 y el 2011; con lo cual, pasó de 55.8% a 48.3% respectivamente. Separando las cifras a nivel regional para los mismos años, vemos que las regiones que presentaron una mayor reducción fueron: Tacna, que pasó de 45.6% a 21.8% (-23.4 p.p.); Huancavelica, que pasó de 90% a 71.4%(-19.5 p.p.) y Lambayeque, que pasó de 72.3% a 54.5 (-17.8 p.p.). Sin embargo, regiones como Apurímac, que pasó de 87% a 86.2% (-0.8 p.p.); Moquegua, que pasó de 39.7% a 37.8% (-1.9 p.p.); y Puno, que pasó de 60% a 56.7 (3.2 p.p.), mostraron los menores avances.
Si bien se dan reducciones en todas las regiones, resulta preocupante que existan regiones con un alto porcentaje de habitantes en tugurios como Apurímac (86.2%), Ucayali (84.9%) y Madre de Dios (76.8%). Se debe trabajar en la reducción de estos porcentajes mediante la incorporación de estos hogares a la red del servicio de agua y saneamiento, así como una política de formalización de la propiedad, de modo que los habitantes de estos tugurios salgan del círculo de la pobreza.
La tuberculosis es una enfermedad que se caracteriza por su fácil contagio y por el alto riesgo que representa para las personas con problemas de desnutrición o mala alimentación. Por esta razón, el sector de la población con menores recursos es particularmente vulnerable a esta enfermedad debido al hacinamiento habitacional que padecen y a las dificultades que afrontan para conseguir una alimentación balanceada. Además de reducir la calidad de vida de las personas, sufrir esta enfermedad representa importantes costos económicos para las familias y la sociedad. En primer lugar, existe un costo directo por el mayor gasto de las familias y el gobierno en servicios de salud (atención médica, medicamentos y exámenes médicos). En segundo lugar, se pueden identificar costos indirectos por el costo social de la pérdida de vidas humanas y por la reducción de los ingresos familiares a consecuencia del menor rendimiento académico y laboral.
Nuestro país, según la información provista del INEI, ha mejorado en los últimos años en cuanto a la incidencia de TBC. En el 2003 se contabilizaron 121.9 casos reportados de TBC por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2010, solo se reportaron 79.9. La mejora es significativa, pero aún insuficiente. El MINSA(1) calcula que entre 2005 y 2010 el costo económico de la TBC fue de US$ 410 millones, de los cuales los costos directos representan el 50.2% y los indirectos 49.8%. Es decir, la TBC sigue siendo una gran carga para la sociedad peruana. No obstante, hay que resaltar la mejora a nivel regional en la incidencia de casos de TBC. Tacna, Madre de Dios y Lima y Callao son las regiones con mayor reducción de casos reportados de TBC por cada 100,000 habitantes; sin embargo, la cantidad de casos aún sigue siendo elevada.
La infraestructura vial es sumamente importante en un país para lograr un nivel de articulación y comunicación que favorezca el desarrollo económico, pues permite reducir distancias, acercar mercados, ahorrar tiempo y disminuir costos. Así, un sistema amplio y en buen estado de carreteras permite romper el aislamiento ya que permite tentar nuevas oportunidades en términos de mayor empleo, intercambio comercial, turismo y calidad de vida.
En el Perú se ha dado un avance significativo en la longitud y estado de las vías en los últimos 10 años. Entre el 2003 y el 2012 la red nacional vial (red de carreteras nacionales), ha incrementado su cantidad de kilómetros en 46%, mientras que la red departamental y vecinal incrementaron su longitud en 70% y 94%, respectivamente. De esta manera, en el año 2003 existía un total de 78,396 Km., mientras que dicha cantidad en el año 2012 llegaba a 140,669 Km (lo que significa un aumento de 79% en la red vial total).
Igualmente, en los últimos años ha aumentado considerablemente la cantidad de kilómetros asfaltados. El total de vías pavimentadas en el país aumentó en 86.3% en los últimos 10 años. Sin embargo, hay que recalcar que lo importante es el estado de las vías (bueno, malo o regular) más allá de si están pavimentadas o afirmadas, todo depende del tráfico en la vía. En el gráfico es posible observar cómo entre el 2005 y el 2012, el porcentaje de vías en buen estado ha crecido 137%, mientras que el porcentaje de vías en mal estado ha caído 26%.
