Ayacucho enfrenta la peor ola criminal en una década con menos apoyo del Gobierno
Diario Hocicón – Ayacucho
El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha encendido las alarmas al informar que las denuncias por extorsión en Ayacucho se han multiplicado por cuatro desde enero de 2019, situando a la región en una de las etapas más críticas en términos de seguridad de la última década.
Este preocupante incremento de los delitos ha generado profunda preocupación en la sociedad civil ayacuchana, ya que, según cifras oficiales, la tasa de victimización alcanzó su punto más alto
desde 2011. A pesar de la gravedad del panorama, el presupuesto público destinado a seguridad ciudadana ha sufrido fuertes recortes significativos, lo que agrava aún más la situación.
Entre 2019 y 2024, la tasa de denuncias policiales por cada 100 mil habitantes aumentó un 64.6 % en la región. Si bien el número de denuncias por extorsión se ha cuadruplicado, aún se encuentra por debajo del promedio de las regiones del sur cuando se ajusta por población. No obstante, el crecimiento del crimen ha impactado profundamente en la percepción ciudadana.
En el primer semestre de 2024, el 82.1 % de los ayacuchanos mayores de 15 años manifestó que considera probable ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses, una cifra significativamente mayor al 69.8 % registrado en el mismo periodo del año anterior. En paralelo, el 29.6% de los habitantes fue víctima efectiva de algún delito, colocándose por encima del promedio nacional (25.5%) y convirtiendo a Ayacucho en la quinta región con mayor incremento en victimización.
Aunque Ayacucho cuenta con 398 efectivos policiales por cada 100 mil habitantes —una cifra superior al promedio nacional (391) y al mínimo recomendado por la ONU (180)—, la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región es claramente insuficiente. De los 52 comisarías en la región, solo 14 tienen infraestructura en buen estado, apenas siete disponen de GPS, cinco cuentan con teléfono satelital, y solo dos tienen suficientes radios fijos y móviles.
Estas carencias han deteriorado la confianza ciudadana. Según datos del INEI, entre 2020 y 2024 solo 1 de cada 10 ayacuchanos confía en la PNP, ubicando a la región en la tercera tasa de confianza más baja del país, solo detrás de Puno (8.2%) y Madre de Dios (7.4%).
Lo más alarmante es que esta creciente ola de criminalidad ha coincidido con una fuerte reducción del presupuesto público. En 2024, se destinaron S/ 24.8 millones a seguridad ciudadana en
Ayacucho, 68.2% menos que en 2019 si se ajusta por inflación. Para 2025, el panorama empeora: el presupuesto previsto es 17.7% menor que en 2024, lo que evidencia una baja prioridad institucional frente al avance del crimen.
Además, la expansión de economías ilegales como la minería informal en el norte del país representa una amenaza adicional para Ayacucho, aumentando la urgencia de una acción conjunta y coordinada entre la PNP, los gobiernos locales y el Ejecutivo nacional.
Frente a este escenario, el IPE ha instado a reforzar la infraestructura policial, mejorar el equipamiento tecnológico y garantizar que los recursos asignados se traduzcan en servicios efectivos para la ciudadanía. Sin medidas urgentes, advierten los expertos, el crimen podría seguir ganando terreno ante un Estado debilitado.
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