Otorongos a la pesca de ingresos mientras todavía pueden
13 de junio del 2011
Debatirán proyecto que da 5% de renta de centros comerciales a distritos (Gestión 13/06/2011)
El congresista César Zumaeta, nada menos que el Presidente del Congreso de la República del Perú, así como la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), la representación congresal del partido de gobierno, presentaron el «Proyecto de Ley que Establece la Participación de los Gobiernos Locales en Renta Comercial» el 17 de marzo de este año. Al día siguiente, el Proyecto fue derivado a las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Estuvo en ambas comisiones el 23 de marzo. El 30 de mayo la iniciativa legislativa fue dispensada del trámite en ambas comisiones por la Junta de Portavoces.
Para los que no están familiarizados con el proceso de producción de la fábrica de (malas) leyes que la mayoría de congresistas y asesores piensan que es el Poder Legislativo: ¿qué significa esto? Primero, que el Presidente del Congreso, uno de los líderes del partido de gobierno, preparó un Proyecto de Ley populista y ramplón y lo presentó antes de las elecciones. Quizás lo hizo para tentar otros cinco años en el Congreso, lo cual finalmente no consiguió. Segundo, que otros diez congresistas del Partido Aprista Peruano (PAP) respaldaron la iniciativa con sus firmas, de modo que pudiera ser presentada ante las comisiones correspondientes del Congreso. Mercedes Cabanillas y Mauricio Mulder, por ejemplo, firmaron el Anteproyecto de Ley. Tercero, que el Proyecto nunca se debatió o, al menos, no fue aprobado ni archivado en ninguna de las comisiones mencionadas. Típicamente, los proyectos con los cuales se elabora un dictamen en comisión terminarán siendo mejores leyes que los que no. Cuarto, la Junta de Portavoces decidió que el Proyecto no se discutiera en comisión, sino que pasara directamente al pleno.
Esto usualmente ocurre o con proyectos urgentes remitidos por el Poder Ejecutivo o, como en este caso, con pésimos proyectos respaldados por un congresista con ñeque o los que resultan del toma y daca otoronguesco -que sustituye al debate, especialmente cuando van a perder sus curules la mayoría de los congresistas existentes. Así, la responsabilidad de este despropósito legal recae en los portavoces de varias agrupaciones políticas, cada uno de los cuales probablemente recibió apoyo a sus respectivos proyectos populistas.
Hay al menos cuatro falencias en el proyecto de marras. Primero, genera ineficiencia ya que impone un destino específico a los impuestos recaudados por las ventas y utilidades de un sector en el que no se presentan fallas de mercado y, por tanto, en el que no se requiere de intervención pública. En la práctica se ha creado el canon de los centros comerciales, lo cual da un paso más para hacer más rígido y más ineficiente el presupuesto público. No importa si los ingresos van a ser quitados del presupuesto general que podría atender las necesidades de ciudadanos con mayores carencias para dárselo a distritos ricos (adivine el lector si los centros comerciales son propios de distritos pudientes o de distritos muy pobres).
El Proyecto de Ley ni siquiera menciona la equidad en su paupérrima argumentación, con la que algún ingenioso podría intentar justificar la pérdida de eficiencia que la sociedad sufrirá si se implementa el absurdo proyecto. Pero no se requiere ni la pretensión de ingenio para aprobar barbaridades en un Congreso que está a punto de acabarse. Segundo, en la sustentación del proyecto se mencionan las ventas de los centros comerciales (US$ 4 mil millones) y su crecimiento (20% el año 2010) (ver gráfico1). Parece un deja vu a la política tributaria del primer gobierno de Alan García, donde habían decenas de impuestos, a cual más ineficiente e inequitativo, que reflejaban intentos desesperados por recaudar más de quienes se podía (y así poder exonerar a los amigos) sin importar el costo en términos de eficiencia o equidad. Pensábamos que eso ya había pasado, pero conforme el Congreso -y partes del mismo ejecutivo- se acerca al fin de su mandato más se parecen a los del primer gobierno del Apra. Tercero, ignora las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responsable de la política fiscal -al dirigir impuestos sin precedentes a gobiernos locales- y el diseño de la política tributaria. Peor en el caso de la CPA; ignora al MEF de la administración del propio PAP, lo cual es producto de la desesperación. Cuarto, pasa por alto que el gasto de los gobiernos locales ha aumentado muy dinámicamente en los últimos años (ver gráfico2) y que además se siguen acumulando los saldos de ingresos que no han podido gastarse.
Está clarísimo que, en el Estado en general y los gobiernos locales en particular, la prioridad de las políticas públicas debe ser mejorar la calidad del gasto, no seguir aumentando el presupuesto.
Cuando se habla de las urgentes reformas que requiere el país se mencionan, entre otras, a la electoral y la política. No podemos aspirar seriamente al desarrollo, ya sea bajo el enésimo reciclaje de los social confusos criollos, los que se denominan neoliberales o los que verdaderamente apoyarían una revolución liberal, con este tipo de partidos, este tipo de congresistas, este tipo de proyectos y este tipo de Congreso.